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Almonte 100×100 denuncia que el alcalde no convoca los plenos obligatorios

Los cuatro concejales han presentado escritos ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva, la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz: desde que Francisco Bella perdió la mayoría absoluta, solo se ha celebrado uno de los tres plenos ordinarios obligatorios.

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Según consta en los escritos, el equipo de Gobierno no ha convocado las sesiones plenarias ordinarias correspondientes a los meses de febrero y abril de 2026, una omisión que los denunciantes vinculan directamente con la pérdida de la mayoría absoluta que sufrió el ejecutivo municipal el pasado mes de enero. La coincidencia temporal, argumentan, no es casual. Desde el momento en que Francisco Bella perdió la capacidad de aprobar iniciativas sin necesidad de consenso con el resto de la Corporación, sólo se ha celebrado uno de los tres plenos ordinarios.

“Lo que está ocurriendo en Almonte no tiene precedentes”, sostiene Miguel Ángel Jiménez, portavoz de la formación. “Un alcalde que se niega a convocar el Pleno está impidiendo que los representantes elegidos por los vecinos de Almonte, El Rocío y Matalascañas ejerzan la función para la que fueron elegidos, que es controlar y fiscalizar lo que hace el gobierno con el dinero y los recursos de todos”.

La denuncia ante la Subdelegación del Gobierno solicita expresamente que se recabe del Ayuntamiento información sobre el incumplimiento y se formule un requerimiento al alcalde para que restablezca la legalidad de forma inmediata. En paralelo, la denuncia dirigida a la Junta de Andalucía invoca las competencias de tutela que el Estatuto de Autonomía y la legislación de régimen local atribuyen a la Comunidad Autónoma sobre los ayuntamientos andaluces, mientras que la queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz solicita un recordatorio formal de deberes legales al alcalde y la apertura de una investigación sobre la conducta omisiva denunciada.

La base jurídica de las tres acciones es contundente. El artículo 46.2.a) de la Ley de Bases del Régimen Local establece sin margen de interpretación que el Pleno debe celebrar sesión ordinaria al menos una vez al mes en los municipios de más de 20.000 habitantes. Almonte, con 24.864 vecinos según el INE de 2025, supera con creces ese umbral. Los escritos invocan, además, el artículo 23.1 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, un derecho que, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, incluye la participación efectiva de los concejales en las sesiones plenarias.

“No convocas el Pleno porque sabes que has perdido el control y que la oposición puede aprobar iniciativas que pongan en evidencia tu gestión”, afirma Jiménez. “Pero es que eso es precisamente la democracia. Rendir cuentas, debatir, aceptar que ya no tienes la mayoría y que tienes que negociar. Lo que no puedes hacer es cerrar el Parlamento del pueblo porque no te gustan los resultados”.

La decisión de acudir simultáneamente a tres instancias institucionales responde, según los concejales de Almonte 100×100, a un patrón de conducta del equipo de gobierno que va mucho más allá de la suspensión de plenos. Los ediles recuerdan que el ejecutivo municipal ya venía cercenando progresivamente los mecanismos de control democrático. “Primero nos silenciaron en la radio y la televisión del pueblo. Después nos quitaron el acceso a la información que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Luego redujeron los turnos de intervención en los plenos a un minuto. Y ahora, directamente, no convocan los plenos”, enumera el portavoz de Almonte 100×100. “Es una escalada autoritaria en toda regla, y lo hacen porque están acorralados por su propia gestión”.

Las denuncias se producen en un momento especialmente delicado para el equipo de gobierno, salpicado en las últimas semanas por informaciones periodísticas que han puesto bajo sospecha la gestión de megacontratos municipales por valor de cientos de millones de euros, unas irregularidades que han alimentado la percepción de que la suspensión de los plenos responde al intento de evitar que la oposición pueda preguntar y exigir explicaciones sobre esos asuntos en la sede de la soberanía municipal.

“Un gobierno que funciona con normalidad no le tiene miedo al Pleno”, sentencia Jiménez. “Le tiene miedo quien sabe que no puede dar explicaciones sobre lo que está pasando con el dinero público de este pueblo. Y los vecinos de Almonte, de El Rocío y de Matalascañas merecen esas explicaciones, les guste o no les guste a quienes gobiernan”.

Los concejales de Almonte 100×100 han anunciado que mantendrán abiertas todas las vías institucionales y judiciales necesarias hasta que se restablezca la normalidad democrática en el Ayuntamiento y se reanude la celebración mensual de los plenos ordinarios que la ley exige.

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