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Jiménez tacha de “chapuza” la tramitación de la ordenanza de la zona azul
La Secretaria General deja constancia escrita de un encadenado de irregularidades: la Comisión Informativa dictaminó la ordenanza fiscal antes de que existiera el informe de Intervención, y la convocatoria del Pleno salió cinco minutos después de firmarse ese informe.
La cronología que se desprende de ese informe es de manual. El trámite de consulta pública previa se cerró el 19 de febrero con casi 200 quejas de vecinos, pero esas quejas no recibieron respuesta hasta el 7 de mayo, casi tres meses después y muy fuera del plazo legal de diez días hábiles. La Comisión Informativa se reunió el 12 de mayo a las once de la mañana y dictaminó la ordenanza fiscal, pese a que el informe económico de Intervención llamado a sostenerla no llegó a firmarse hasta las 14.42 horas. Cinco minutos después de esa firma, a las 14.47, salía ya la convocatoria del Pleno, varias horas después de la Comisión Informativa.
Tampoco la Comisión Informativa fue convocada con el punto en su orden del día. Se incorporó al final, por la vía de la urgencia, y se dictaminó acto seguido, sin tiempo material para que los concejales pudieran leer el expediente. “Aquí hay dos lecturas y ninguna es buena para el alcalde. O no sabe lo que está haciendo, o lo sabe y le da igual. Visto cómo se ha movido todo a contrarreloj, me inclino por lo segundo”, apunta el portavoz de Almonte 100×100.
Almonte 100×100 había anticipado este escenario. El 14 de mayo Jiménez registró un escrito dirigido al alcalde en el que pedía la retirada del punto del orden del día, dejaba constancia de los defectos procedimentales y se reservaba el derecho a impugnar cualquier acuerdo posterior. El escrito ni se atendió ni se respondió.
De fondo no está un tecnicismo. La ordenanza fiscal fija las tarifas que pagarán vecinos y visitantes por aparcar en Matalascañas, un asunto que toca de lleno al comercio del núcleo costero y a las familias que viven de la temporada de verano. “No se le puede meter la mano en el bolsillo a la gente con un expediente que es una chapuza administrativa de manual. Si esto termina aprobándose como está, lo tumbará un juez, y mientras tanto el lío y la inseguridad jurídica los pagaremos los almonteños”, advierte Jiménez, que cree que “todo lo que tiene que ver con la tramitación de este servicio huele cada vez peor”.
Almonte 100×100 anuncia que seguirá de cerca la tramitación del expediente y que estudiará todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan si el equipo de Gobierno intenta volver a llevar al Pleno la ordenanza fiscal.