La cronología que se desprende de ese informe es de manual. El trámite de consulta pública previa se cerró el 19 de febrero con casi 200 quejas de vecinos, pero esas quejas no recibieron respuesta hasta el 7 de mayo, casi tres meses después y muy fuera del plazo legal de diez días hábiles. La Comisión Informativa se reunió el 12 de mayo a las once de la mañana y dictaminó la ordenanza fiscal, pese a que el informe económico de Intervención llamado a sostenerla no llegó a firmarse hasta las 14.42 horas. Cinco minutos después de esa firma, a las 14.47, salía ya la convocatoria del Pleno, varias horas después de la Comisión Informativa.

Tampoco la Comisión Informativa fue convocada con el punto en su orden del día. Se incorporó al final, por la vía de la urgencia, y se dictaminó acto seguido, sin tiempo material para que los concejales pudieran leer el expediente. “Aquí hay dos lecturas y ninguna es buena para el alcalde. O no sabe lo que está haciendo, o lo sabe y le da igual. Visto cómo se ha movido todo a contrarreloj, me inclino por lo segundo”, apunta el portavoz de Almonte 100×100.

Almonte 100×100 había anticipado este escenario. El 14 de mayo Jiménez registró un escrito dirigido al alcalde en el que pedía la retirada del punto del orden del día, dejaba constancia de los defectos procedimentales y se reservaba el derecho a impugnar cualquier acuerdo posterior. El escrito ni se atendió ni se respondió.

De fondo no está un tecnicismo. La ordenanza fiscal fija las tarifas que pagarán vecinos y visitantes por aparcar en Matalascañas, un asunto que toca de lleno al comercio del núcleo costero y a las familias que viven de la temporada de verano. “No se le puede meter la mano en el bolsillo a la gente con un expediente que es una chapuza administrativa de manual. Si esto termina aprobándose como está, lo tumbará un juez, y mientras tanto el lío y la inseguridad jurídica los pagaremos los almonteños”, advierte Jiménez, que cree que “todo lo que tiene que ver con la tramitación de este servicio huele cada vez peor”.

Almonte 100×100 anuncia que seguirá de cerca la tramitación del expediente y que estudiará todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan si el equipo de Gobierno intenta volver a llevar al Pleno la ordenanza fiscal.

«El alcalde quiere imponer la zona azul por decreto», afirma Jiménez. «Eso es lo que está pasando, y conviene decirlo con todas las letras. Francisco Bella ha decidido, él solo, qué calles se regulan, en qué horarios, con qué tarifas. Todo eso lo ha decidido un señor con un bolígrafo, saltándose al Pleno, saltándose el procedimiento legal y saltándose a los vecinos».

La denuncia central del recurso es jurídicamente sencilla. La Ley de Bases de Régimen Local atribuye al Pleno municipal, con carácter indelegable, la competencia exclusiva para aprobar ordenanzas. Y la Ley de Haciendas Locales ordena de forma taxativa, en su artículo 20.6, que las tarifas de los servicios públicos prestados por concesión «se regularán mediante ordenanza». No por decreto.

Sin embargo, la aprobación inicial de la ordenanza que regula la zona azul de Matalascañas se debate precisamente este viernes 15 de mayo, el mismo día en que el alcalde pretende empezar a cobrar. «El alcalde ha decidido no esperar. Va a cobrar igual, sin ordenanza, durante toda la temporada turística. Y lo va a hacer al margen del Pleno, que es el órgano que tiene la competencia, y al margen del procedimiento, que es la garantía que tienen los vecinos para opinar sobre lo que les afecta».

A juicio de Jiménez, lo que retrata este episodio es «una manera de entender la institución municipal que conviene denunciar con claridad». «En una democracia local, las cosas que afectan a los vecinos las decide el Pleno, no el alcalde. Las decide después de un debate público, con la oposición delante, con los informes técnicos encima de la mesa y con la posibilidad de que los vecinos presenten reclamaciones. Pero Bella ha decidido por su cuenta, ha firmado un papel, lo ha guardado ocho días en el cajón y lo ha sacado a menos de cuarenta y ocho horas del Pleno”.

El recurso pone el dedo en una contradicción que el propio decreto confiesa por escrito. En su antecedente sexto, el alcalde admite literalmente que «las ordenanzas reguladoras del servicio se encuentran pendientes de aprobación». En su fundamento octavo, reconoce que «la regulación integral del servicio y la determinación estable del régimen aplicable a los usuarios requiere la aprobación de las correspondientes ordenanzas municipales». Y aun así, decide aplicar provisionalmente, por decreto, lo que él mismo dice que tendría que estar en una ordenanza. «Es una ilegalidad reconocida en el propio acto que la comete. El alcalde dice ‘esto necesita una ordenanza’ y, en el siguiente párrafo, dice ‘pero la voy a aplicar yo por decreto mientras tanto’. Algo que jurídicamente no se sostiene y, políticamente es una falta de respeto al Pleno y a los vecinos».

La oposición denuncia además que la figura de la «aplicación provisional» de ordenanzas, que el alcalde invoca como cobertura, no existe en el derecho local español. Se la han inventado entre el departamento de Contratación y la Secretaría General para tapar el desaguisado del calendario. Lo que tendría que estar funcionando hace meses no lo está, y como no lo está, el alcalde dispara con pólvora del rey y manda cobrar igualmente, sin ordenanza, contra todo lo que dice la ley».

Especial relevancia tiene en el recurso la denuncia de que las llamadas «tarifas de anulación», que van de los 3 a los 12 euros y se aplican cuando un usuario no paga o se pasa del tiempo, son multas disfrazadas con otro nombre. «Una sanción es una sanción aunque le pongas un nombre amable. Si te castigan económicamente por una conducta antijurídica, eso es una multa. Y las multas, según la Constitución, solo se pueden imponer por ley o por una norma con cobertura legal. Un decreto del alcalde no puede sancionar a un ciudadano por estacionar mal. Es básico».

El motivo confesado por el propio decreto es, para la formación municipalista, «lo más revelador de todo». El alcalde reconoce por escrito, hasta en dos pasajes distintos del texto, que la decisión se adopta para «evitar alteraciones en el equilibrio económico-financiero de la concesión y prevenir eventuales reclamaciones del adjudicatario». «Lo está diciendo él mismo. Está diciendo que prefiere cobrar a los vecinos sin ordenanza antes que pagarle a la empresa la indemnización que le correspondería por el retraso. Es decir, ha decidido que el coste del descontrol municipal y de la chapuza administrativa que es este procedimiento, lo paguen los vecinos”. El alcalde no está protegiendo a Almonte. Está protegiendo a DORNIER».

Jiménez recuerda que el Tribunal Supremo, en una sentencia reciente de 11 de diciembre de 2024 dictada en el caso de la concesión del agua entre los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla, ha dejado claro que las tarifas de servicios prestados por concesión «tendrán que estar recogidas en una ordenanza específica», y que ni siquiera una ordenanza fiscal vieja sirve para esto. «Si el Tribunal Supremo dice que ni siquiera una ordenanza fiscal antigua vale, con mayor razón no vale un decreto del alcalde firmado a la carrera. Lo que está haciendo Bella Galán es exactamente lo que el Supremo prohíbe».

El recurso denuncia también la opacidad del proceso. El decreto está firmado el 5 de mayo, pero la oposición no ha podido conocerlo hasta el 13 de mayo, cuando se ha incorporado al expediente puesto a disposición de los concejales. «Ocho días en el cajón del alcalde, y nosotros lo hemos visto a menos de cuarenta y ocho horas del Pleno. Es decir, hemos tenido la documentación a la hora de comer del miércoles para preparar una sesión que se celebra el viernes a primera hora. Y por si fuera poco, la propia Secretaria General deja constancia por escrito de que el informe económico que sostiene la ordenanza de tarifas se firmó el 12 de mayo a las 14:42 horas y el Pleno se convocó cinco minutos después. Es decir, los concejales han tenido cinco minutos entre que se firma el informe y se nos convoca a votarlo. Eso no es funcionamiento institucional, es un atropello».

El recurso plantea cinco motivos concurrentes de nulidad de pleno derecho del decreto: vulneración de la reserva de ley del artículo 31.3 de la Constitución, vulneración del principio de legalidad sancionadora del artículo 25, incompetencia manifiesta del alcalde para regular materia reservada al Pleno, prescindencia total y absoluta del procedimiento de aprobación de ordenanzas previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, y, subsidiariamente, desviación de poder. Solicita además que la propia Alcaldía suspenda cautelarmente la ejecución de su decreto antes del 15 de mayo y, en caso de no obtener respuesta favorable, advierte de que llevará el asunto al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con solicitud urgente de medidas cautelares.

Almonte 100×100 mantendrá su voto en contra de la aprobación inicial de las dos ordenanzas de la zona ORA que llegan al Pleno del viernes, en coherencia con su posición contraria a todo el proceso desde el estudio de viabilidad hasta la adjudicación del contrato. «Pero el Pleno del viernes es una cosa y el decreto del alcalde es otra. El decreto es ilegal independientemente de lo que vote el Pleno el viernes. Y eso es lo que estamos diciendo en el recurso. Que el alcalde no puede gobernar por decreto lo que la ley reserva al Pleno. Que no puede cobrar tarifas sin ordenanza. Que no puede multar a los vecinos sin cobertura legal. Y que no puede convertir el Ayuntamiento de Almonte en una administración a la carta de la empresa concesionaria».

Jiménez cierra con una reflexión que considera de fondo. «Hay decisiones que retratan a un gobierno entero. Lo que ha hecho Bella Galán esta semana retrata cómo entiende la institución. La entiende como un instrumento al servicio de los contratos firmados, no como el espacio donde se decide democráticamente lo que afecta a los vecinos. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Porque hoy es la zona azul, pero mañana puede ser cualquier otra cosa. Un alcalde que se acostumbra a gobernar por decreto, saltándose al Pleno cuando le conviene, es un alcalde que ha dejado de respetar las reglas del juego democrático. Y los vecinos de Almonte, El Rocío y Matalascañas merecen algo mejor que esto».

Según consta en los escritos, el equipo de Gobierno no ha convocado las sesiones plenarias ordinarias correspondientes a los meses de febrero y abril de 2026, una omisión que los denunciantes vinculan directamente con la pérdida de la mayoría absoluta que sufrió el ejecutivo municipal el pasado mes de enero. La coincidencia temporal, argumentan, no es casual. Desde el momento en que Francisco Bella perdió la capacidad de aprobar iniciativas sin necesidad de consenso con el resto de la Corporación, sólo se ha celebrado uno de los tres plenos ordinarios.

“Lo que está ocurriendo en Almonte no tiene precedentes”, sostiene Miguel Ángel Jiménez, portavoz de la formación. “Un alcalde que se niega a convocar el Pleno está impidiendo que los representantes elegidos por los vecinos de Almonte, El Rocío y Matalascañas ejerzan la función para la que fueron elegidos, que es controlar y fiscalizar lo que hace el gobierno con el dinero y los recursos de todos”.

La denuncia ante la Subdelegación del Gobierno solicita expresamente que se recabe del Ayuntamiento información sobre el incumplimiento y se formule un requerimiento al alcalde para que restablezca la legalidad de forma inmediata. En paralelo, la denuncia dirigida a la Junta de Andalucía invoca las competencias de tutela que el Estatuto de Autonomía y la legislación de régimen local atribuyen a la Comunidad Autónoma sobre los ayuntamientos andaluces, mientras que la queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz solicita un recordatorio formal de deberes legales al alcalde y la apertura de una investigación sobre la conducta omisiva denunciada.

La base jurídica de las tres acciones es contundente. El artículo 46.2.a) de la Ley de Bases del Régimen Local establece sin margen de interpretación que el Pleno debe celebrar sesión ordinaria al menos una vez al mes en los municipios de más de 20.000 habitantes. Almonte, con 24.864 vecinos según el INE de 2025, supera con creces ese umbral. Los escritos invocan, además, el artículo 23.1 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, un derecho que, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, incluye la participación efectiva de los concejales en las sesiones plenarias.

“No convocas el Pleno porque sabes que has perdido el control y que la oposición puede aprobar iniciativas que pongan en evidencia tu gestión”, afirma Jiménez. “Pero es que eso es precisamente la democracia. Rendir cuentas, debatir, aceptar que ya no tienes la mayoría y que tienes que negociar. Lo que no puedes hacer es cerrar el Parlamento del pueblo porque no te gustan los resultados”.

La decisión de acudir simultáneamente a tres instancias institucionales responde, según los concejales de Almonte 100×100, a un patrón de conducta del equipo de gobierno que va mucho más allá de la suspensión de plenos. Los ediles recuerdan que el ejecutivo municipal ya venía cercenando progresivamente los mecanismos de control democrático. “Primero nos silenciaron en la radio y la televisión del pueblo. Después nos quitaron el acceso a la información que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Luego redujeron los turnos de intervención en los plenos a un minuto. Y ahora, directamente, no convocan los plenos”, enumera el portavoz de Almonte 100×100. “Es una escalada autoritaria en toda regla, y lo hacen porque están acorralados por su propia gestión”.

Las denuncias se producen en un momento especialmente delicado para el equipo de gobierno, salpicado en las últimas semanas por informaciones periodísticas que han puesto bajo sospecha la gestión de megacontratos municipales por valor de cientos de millones de euros, unas irregularidades que han alimentado la percepción de que la suspensión de los plenos responde al intento de evitar que la oposición pueda preguntar y exigir explicaciones sobre esos asuntos en la sede de la soberanía municipal.

“Un gobierno que funciona con normalidad no le tiene miedo al Pleno”, sentencia Jiménez. “Le tiene miedo quien sabe que no puede dar explicaciones sobre lo que está pasando con el dinero público de este pueblo. Y los vecinos de Almonte, de El Rocío y de Matalascañas merecen esas explicaciones, les guste o no les guste a quienes gobiernan”.

Los concejales de Almonte 100×100 han anunciado que mantendrán abiertas todas las vías institucionales y judiciales necesarias hasta que se restablezca la normalidad democrática en el Ayuntamiento y se reanude la celebración mensual de los plenos ordinarios que la ley exige.